La muerte de Erick Leonardo Terán Torbellín, un menor de 13 años, ha generado conmoción y exigencias de justicia, luego de que presuntamente fuera víctima de abusos físicos por parte de sus instructores durante un campamento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, en Cuautla, Morelos.
Erick, estudiante de primer año de secundaria en dicha institución privada con sede en la Ciudad de México, falleció el pasado 25 de abril. Su madre, Erika Torbellín, denunció que su hijo estaba sano antes de asistir al campamento, pero que durante la actividad fue arrastrado por un camino de piedras durante 10 minutos por una instructora identificada como la “capitana Mariana” y golpeado en el abdomen por un sargento, a pesar de haber expresado dolor durante días sin recibir atención médica.
“Me topo con la noticia de que mi hijo está muerto, que llegó sin signos vitales”, declaró Erika a medios nacionales.
La causa de la muerte no ha sido confirmada oficialmente, aunque los reportes preliminares sugieren un posible estallamiento de vísceras. La familia y compañeros de Erick aseguran que este no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de violencia normalizado dentro de la academia.
En un velorio realizado en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México, familiares, amigos y compañeros de Erick realizaron una protesta pacífica, exigiendo justicia y una investigación profunda. Muchos denunciaron abusos reiterados al interior de la escuela militarizada, que opera como una institución privada sin supervisión directa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc emitió un breve comunicado lamentando el fallecimiento del menor, afirmando que se le brindaron primeros auxilios antes de trasladarlo a un hospital y que colaborarán con las investigaciones. No ofrecieron detalles concretos sobre lo ocurrido.
“Estamos acompañando a la familia y dispuestos a colaborar con las autoridades. La investigación sigue en curso”, señalaron.
El caso ha generado una ola de indignación pública y presión sobre las autoridades. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han exigido a la Fiscalía de la CDMX que investigue a fondo a la academia, sus prácticas disciplinarias, y el marco legal bajo el cual opera.
Mientras tanto, padres de otros estudiantes también se han pronunciado preocupados por los métodos utilizados en la institución y piden que se garantice la seguridad de los menores en entornos educativos.
