Justicia federal concede amparo a ginecóloga para realizar abortos en Morelos sin criminalización

El Juzgado Segundo de Distrito en Morelos otorgó un amparo a la ginecóloga Sharon De Uriarte, que le permitirá brindar servicios de aborto voluntario sin que ella ni sus pacientes enfrenten consecuencias penales. Este amparo, con número de expediente 599/2024, representa la tercera vez que un tribunal federal declara inconstitucionales los artículos del Código Penal estatal que penalizan el aborto.

Aunque el beneficio legal aplica únicamente a la doctora De Uriarte, el fallo es un paso más en la consolidación de un criterio legal que considera inconstitucional sancionar la interrupción voluntaria del embarazo. Según colectivos feministas y defensoras de derechos humanos, penalizar el aborto estigmatiza, criminaliza y viola los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes.

Durante una conferencia de prensa realizada por la Campaña Aborto Legal Morelos, activistas celebraron la resolución e hicieron un llamado al Congreso de Morelos para que avance en la despenalización del aborto. Criticaron que el argumento de la falta de “consenso político” ya no justifica la inacción legislativa, especialmente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que criminalizar el aborto es inconstitucional.

Las organizaciones que impulsan esta estrategia legal —entre ellas, Aborto Legal Morelos, la Red de Médicas por el Derecho a Decidir y AbortistasMx— aseguraron que seguirán promoviendo acciones jurídicas y sociales para garantizar el pleno acceso a los derechos sexuales y reproductivos en la entidad.

Además, resaltaron que este es el tercer amparo exitoso en Morelos, sumándose a fallos anteriores que protegieron a personas con capacidad de gestar y colectivos civiles, lo que refuerza la postura de que el aborto no debe ser tratado como un delito, sino como un tema de salud pública y derechos humanos.

Las colectivas advirtieron que, mientras el Congreso no reforme el marco legal estatal, continuarán recurriendo a los tribunales para proteger tanto a pacientes como a profesionales de la salud.

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